4 agosto 2011 –  Organizaciones de defensa de los derechos de refugiados y del pueblo Roma expresaron en una carta al Gobierno macedonio su preocupación de que las recientes medidas implementadas para evitar que ciudadanos de ese país soliciten asilo en la Unión Europea violen los principios básicos de los derechos humanos. En una medida para aliviar las presiones de la UE, las autoridades macedonias han impedido a cientos de sus ciudadanos que salgan del país.

En los últimos meses, organizaciones para los refugiados y profesionales que trabajan con personas que buscan asilo observaron que individuos en esa situación originarios de Serbia y Macedona interrumpían súbitamente su pedido y volvían a su país citando temores de ser castigados. Recientemente, surgió evidencia de que las autoridades macedonias prohibieron a miembros de la minoría roma de dejar su país con el pretexto de que quisieran solicitar asilo en la Unión Europea.

Al final de julio, la Ministra del Interior de Macedonia, Gordana Jankulovska, declaró en el ámbito del llamado Foro de Salzburgo, que reúne a los ministros del Interior de ocho estados de Europa Central y del Este, que las autoridades del país impidieron la salida de 764 ciudadanos macedonios entre el 29 de abril y el 27 de junio. Antes de esa reunión, la Ministra dijo que se sellará el pasaporte de las personas a las que en la frontera de Macedonia se les niegue el derecho de salir de su país, en una “clara señal a nuestros colegas en los otros cruces fronterizos de que estos individuos deben ser sujetos a controles adicionales”. Añadió que el objetivo de esta medida era prevenir que estas personas abusaran de la liberalización del sistema de visados y dañaran la reputación del país en el exterior.

Miembros de la comunidad roma que fueron deportados a Macedonia dijeron que perdieron los beneficios sociales a su regreso. Organizaciones No Gubernamentales, que fueron enlistadas en la campaña del Gobierno para reducir el número de personas que buscan asilo en la Unión Europea, afirmaron haber advertido a su clientes que podrían perder la ayuda social y la cobertura de salud, además de también arriesgarse a que se les prohibiera viajar. Según reportes de medios locales, las mismas asociaciones recibieron la tarea de informar a los Roma que podrían enfrentar penas de prisión a su regreso.

De hecho, el Gobierno macedonio ha intentado varias veces tipificar la emigración como un delito. En julio, el ex Ministro de Justicia Antonio Milošoski presentó el borrador de una propuesta para reformar el código penal con el objetivo de introducir el así llamado abuso del régimen de liberalización del sistema de visado con la UE como un delito. Según el proyecto, las compañías de viajes y operadores turísticos que transportaran personas cuya intención fuera quedarse en la UE enfrentarían una pena de prisión de hasta cinco años, incluso aunque no tuvieran conocimiento de ese intento.

El mismo Ministro anunció otra reforma legislativa que permitiría a las autoridades macedonias a privar del pasaporte a personas que no lograron el asilo y a emigrantes deportados a Macedonia. Según las organizaciones, estas medidas no sólo contradicen la Constitución macedonia, sino que también violan los principios básicos de los derechos humanos. Las ONG le recuerdan al Gobierno que la libertad de circulación, que incluye el derecho de toda persona a dejar cualquier país incluso el propio, está garantizada por varios convenios y tratados internacionales, a los que las autoridades locales se adhirieron.

Las ONG enfatizan la ausencia de una base legal y criterios sobre los cuales se prohíbe viajar a las personas. También señalan que la libertad de circulación incluye el derecho de poseer un pasaporte, que sólo puede ser restringido bajo determinadas condiciones específicas. Asimismo, advierten que aunque apenas algunos ciudadanos macedonios recientemente obtuvieron asilo, eso no significa que los ciudadanos de ese país no tienen el derecho de solicitarlo.

En este contexto, las ONG señalan que organizaciones internacionales, incluida la Comisión Europea, se han mostrado muy preocupadas por la discriminación generalizada que sufren los Roma en Macedonia y su marginación social. También expresaron inquietud por el carácter discriminatorio de las medias del Gobierno, pues al parecer los Roma han sido los principales afectados.

Las ONG instaron al Gobierno macedonio a abstenerse de implementar leyes y medidas que no estén en concordancia con el Derecho internacional de los derechos humanos. En lugar de ello, invitan a las autoridades a combatir la pobreza y la discriminación que son las causas principales por las que los Roma buscan asilo. Por último, piden al Gobierno integrar a los refugiados de la comunidad Roma de Kosovo, que aún no tienen una solución definitiva a su situación tras 12 años desde su violenta expulsión.

Chachipe a.s.b.l.